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La entrada en prisión del rapero español Pablo Hasél el pasado 16 de febrero desató una oleada de protestas que ha sacudido España en los últimos días.

Hasél fue condenado por «enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona y a instituciones estatales» por algunas de sus letras y tuits.

Al acumular condenas previas por delitos como agresiones y amenazas, la justicia española decretó su entrada en prisión.

Tras el ingreso penitenciario de Hasél —nacido como Pablo Rivadulla Duró en 1988— se produjeron protestas virulentas para pedir su libertad en ciudades como Madrid, Valencia, Pamplona o Barcelona, demandando la libertad del rapero.

Pero lo que empezó como una protesta contra lo que los manifestantes denunciaron como un ataque a la libertad de expresión, se tornó en lo que varios de los participantes describen a BBC Mundo como una expresión de rabia por la frustración acumulada por la falta de expectativas de futuro de una generación castigada por la crisis económica y ahora también los efectos de la pandemia de coronavirus.

En Barcelona, las manifestaciones se repitieron durante más de una semana —hay más previstas en los próximos días— y en muchas ocasiones desembocaron en disturbios y actuaciones violentas contra la policía y algunos comercios, que fueron condenados por parte de la ciudadanía y las autoridades.

En Twitter, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, dijo que la defensa de la libertad de expresión «no justifica en ningún caso destrozar todo tipo de mobiliario urbano, asustar a vecinos, perjudicar comercios afectados por la crisis o atacar a medios de comunicación».

La precariedad como «gasolina»

Las protestas no tienen un convocante claro ni un objetivo identificable. «Es algo transversal. Algunos de los participantes están organizados en plataformas políticas. Otros son chavales menos politizados que lo veían como una oportunidad de expresar su rabia», le dice a BBC Mundo Lluís Cruz, periodista de Betevé, la televisora local de Barcelona.

«Hay perfiles muy diversos; chicos y chicas muy jóvenes, de unos 20 años, pero los hay hasta de 16. Es complicado encasillar a los manifestantes en un perfil concreto», agrega la también periodista local Marta Font.

«El detonante fue el encarcelamiento de Pablo Hasél, pero yo tenía muy claro que no salía únicamente por eso. Hay muchas más cosas detrás», agrega Pablo Castilla, estudiante de filosofía política de 21 años y militante de una organización anticapitalista.

«Nuestra generación vivirá peor que nuestros padres, no encontramos trabajo, vemos negro el futuro», dice, por su parte, Biel López, también de 21 años y estudiante de Ciencias Políticas.
España es el país con la tasa de paro juvenil más alta de toda la Unión Europea y de la Organización para la

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). El 40,7% de los jóvenes españoles no tiene trabajo; el doble que Colombia y cinco veces más que México, según datos de la propia OCDE.

Pero tener trabajo no es una garantía para los jóvenes. Según el Observatorio de Emancipación Juvenil del Consejo de la Juventud de España —un informe publicado en 2020— uno de cada cinco de los jóvenes que trabajan se encuentra en riesgo de pobreza y exclusión social.

Además, según el mismo informe, solo dos de cada diez menores de 30 años ha podido emanciparse. El Observatorio de Emancipación Juvenil apunta también que en Cataluña los elevados precios de la vivienda hacen que «el pago teórico del alquiler habría supuesto el 119,6% del salario individual».

«Recortes de derechos»

Para Biel López, a las dificultades económicas se añaden «los recortes de derechos con el encarcelamiento de Hasél».

El rapero es la persona de más alto perfil en ir de hecho a prisión por un delito de expresión en España en años recientes, pero su caso es solo uno de muchos que han causado controversia.

Otros intérpretes o blogueros han incurrido en el delito de «enaltecer el terrorismo», que tiene un rango tan amplio que cualquier ejemplo de justificación de un acto terrorista, incluso si tuvo lugar hace mucho tiempo, puede conducir a una condena.

Amnistía Internacional tuiteó que el arresto de Hasél era una «noticia terrible» para la libertad de expresión en España.

El gobierno español anunció que planeaba reducir la pena por delitos vinculados a la libertad de expresión como la glorificación del terrorismo, discurso de odio o insultos a la Corona y la religión, en el contexto de actividades culturales o artísticas.

Sin embargo, la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, aseveró en una entrevista en la Cadena Ser que «Pablo Hasél tiene un historial entero, se le están aplicando las normas de este país» y que «todos los derechos tienen limitaciones», en referencia a las protestas violentas.

Contra la corrupción y la monarquía

«Nos venden que todos somos iguales ante la Justicia y eso es mentira. Lo vemos con los políticos que han estado robando y no les ha pasado nada», explica.

En años recientes, en España se han destapado numerosos escándalos de corrupción que involucraron a partidos políticos que han indignado a la sociedad española. Algunos siguen en juicio, como el llamado «caso Bárcenas» en el que se investiga la presunta financiación ilegal del Partido Popular.

Pero en otros casos ya se han producido condenas, algunas de alto perfil, como las que llevaron a la cárcel al exministro de Economía y exdirector del FMI Rodrigo Rato, y al cuñado del rey y marido de la infanta Cristina, Iñaki Urdangarín

Precisamente la monarquía es uno de los principales focos de las manifestaciones, en las que es habitual ver imágenes de coronas al revés bajo la señal de prohibición. Pablo Castilla califica a la institución como «brutalmente corrupta» y Biel López entiende las protestas como «un ataque» a la Corona, «como una enmienda a la totalidad del status quo del Estado español actual».

El propio rey emérito, Juan Carlos I, está en el ojo público por una investigación en Suiza y España sobre sus cuentas en el extranjero en un caso de supuesto fraude fiscal y blanqueo de capitales.

El conflicto catalán

Algunos manifestantes también ven en las protestas tras el encarcelamiento del catalán Pablo Hasél como una continuación de las que se produjeron en Barcelona y el resto de Cataluña en 2019.

En ese momento varios líderes independentistas fueron condenados a prisión por su papel en la celebración de un referendo el 1 de octubre de 2017, considerado ilegal por la Justicia española, y la posterior declaración unilateral de independencia del gobierno regional.

BBC News Mundo

Por laruedaprensa.com

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