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El congresista demócrata por California, Ted Lieu, anticipó que este lunes darán impulso formal a un pedido de juicio político contra el presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, tras el violento asalto al Congreso y aseguró que son al menos 180 los legisladores de la oposición dispuestos a avanzar en ese sentido.

«Presentaremos el artículo de Impeachment este lunes durante la sesión pro forma de la Cámara», publicó en las últimas horas Ted Lieu a través de las redes sociales.

Lieu pidió la dimisión de Trump y justificó la apertura del proceso de destitución como una medida disuasoria para evitar que el presidente haga «algo incluso más loco».

Por su parte, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, declaró este domingo que los legisladores seguirán adelante con ese que podría ser el segundo juicio político en contra Trump.

En una carta a los congresistas, Pelosi detalló que votarían primero una resolución pidiendo al vicepresidente Mike Pence y al Gabinete que destituyan a Trump de su cargo invocando la 25.ª Enmienda, publica RT.

Asimismo, dijo que la Cámara actuará con solemnidad, pero también con urgencia, dando al vicepresidente 24 horas para que responda, o se procederá con el juicio político.

Pelosi explicó que después de eso, la Cámara «procederá a llevar a la sala la legislación». «Hay un fuerte apoyo en el Congreso para llevar a un ‘impeachment’ al presidente por segunda vez», agregó, pero subrayó que prefiere la idea de invocar la 25.ª enmienda, porque «se deshace» de Trump.

«Al proteger nuestra Constitución y nuestra democracia, actuaremos con urgencia, porque este presidente representa una amenaza inminente para ambos. El horror del ataque continuo a nuestra democracia perpetrado por este presidente se intensifica y también lo es la necesidad inmediata de acción», sostuvo.

Las claves

Después de que el presidente de Estados Unidos incitó a una turba de sus partidarios que irrumpieron violentamente en el Capitolio el miércoles 6 de enero, el Congreso sopesa si lo somete a juicio político de nuevo, esta vez con solo unos días restantes en su mandato.

Tal como explica The New York Times, se trata de una circunstancia extraordinaria que plantea cuestiones políticas, constitucionales y logísticas rara vez contempladas en la historia de Estados Unidos. Ningún presidente ha sido enjuiciado políticamente dos veces o en sus últimos días en el cargo, y ninguno ha sido condenado.

Dada la brevedad del tiempo que le queda en la Casa Blanca y la gravedad de su conducta, los legisladores también estudian una disposición en las cláusulas de la Constitución sobre juicio político que podría permitirles impedir que Trump vuelva a ocupar un cargo federal.

Los demócratas están impulsando el proceso hasta ahora, pero algunos republicanos han indicado que estarían abiertos a escuchar el caso.

La Constitución permite al Congreso destituir a los presidentes, u otros funcionarios de la rama ejecutiva, antes de que terminen sus mandatos si los legisladores creen que han cometido “traición, cohecho u otros delitos y faltas graves”.

El juicio político es un proceso de dos partes, y deliberadamente difícil. Primero, la Cámara de Representantes vota sobre si se debe someter a juicio político, el equivalente a acusar a alguien en una causa penal. Los cargos están codificados en artículos del juicio político que detallan las supuestas ofensas contra la nación.

Si una mayoría simple de la Cámara vota a favor de la presentación de cargos, el Senado debe considerarlos rápidamente en un juicio al otro lado del Capitolio. La Cámara de Representantes procesa el caso, nombra a los encargados del juicio político para que presenten sus argumentos ante los senadores —que actúan como un jurado—, y al presidente se le permite tradicionalmente organizar una defensa. El presidente de la Corte Suprema supervisa el juicio.

En el Senado, el umbral para la condena es mucho más alto. Dos tercios de los senadores sentados en un momento dado deben estar de acuerdo en condenar, de lo contrario el presidente es absuelto. Si todos los cien senadores estuvieran ocupando sus bancas en el momento del juicio, eso significa que 17 republicanos tendrían que unirse a los demócratas para obtener una condena, algo difícil de lograr.

Aunque puede parecer inútil destituir a un presidente justo cuando está a punto de dejar el cargo, podría haber consecuencias reales para Trump más allá de la mancha en su historial. Si fuera condenado, el Senado podría votar para prohibirle que vuelva a ocupar un cargo público. Después de una condena, la Constitución dice que el Senado puede considerar “la inhabilitación para ocupar y disfrutar cualquier empleo honorífico, de confianza o remunerado de Estados Unidos”.

Solo una mayoría simple de senadores tendría que estar de acuerdo para inhabilitar con éxito a Trump, quien contempla volver a postularse para presidente en 2024, una perspectiva atractiva no solo para los demócratas sino para muchos republicanos que piensan en sus propias candidaturas.

Fuente Globovision 


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